Pero además, con esa ley el Presidente precipitaba en el país una revolución conceptual que, en primer lugar, en el orden educativo, le reconocía una enorme significación histórico-cultural moderna al proyecto espacial del Campus, con lo cual, en segundo lugar, en el orden material determinaba una trascendental influencia en el futuro ordenamiento espacial de Bogotá.

Puedes leer: Mejor educación y más financiación entre las propuestas de la Misión de Sabios 2019.
 

Aunque muy probablemente de manera inconsciente, todo esto quedaba refrendado en el colectivo al decretar en el capítulo I de la Ley –el constitutivo “De la Universidad Nacional de Colombia”– la construcción de la “ciudad universitaria”.
 

Artículo 5º. Para el alojamiento, organización y buen funcionamiento de la Universidad, el Gobierno procederá a comprar en Bogotá o en sus inmediaciones, lotes de terreno adecuados para construir la ciudad universitaria, con los edificios, instalaciones y campos de deportes que por su capacidad y condiciones correspondan a las exigencias de la Universidad […].
 

Es decir, desde su inicio el proyecto de Nación Moderna se proyecta con una universidad que –en radical rompimiento con la tradición heredada de acomodarse a claustros conventuales construidos para otras actividades– contaba con una espacialidad diseñada específicamente para su desempeño: una porción del territorio nacional quedaba destinado exclusivamente para que en él se creara, desarrollara y profundizara el conocimiento del pensamiento y la sensibilidad modernos.
 

Con eso, lo que en realidad hacía la disposición era plasmar la percepción que el Presidente –adelantándose a toda una sociedad que se había desarrollado durante 400 años sin acusar la ausencia de una cultural espacial y estética– había construido con respecto a la incidencia determinante de la calidad espacial del entorno en el cual se tenían que desarrollar tanto la producción de ciencia, arte y cultura como la creación y profundización del pensamiento crítico, de la investigación, de la tecnología, del diseño y de la innovación, indispensables para sostener la propuesta de nación por la que abogaba la Revolución en Marcha.
 

Además: Patente para sistema de extracción de sustancias en fármacos.
 

En efecto, lo que López Pumarejo había descubierto en sus elucubraciones y en las discusiones y debates con sus colaboradores más cercanos, era el requerimiento inaplazable e integral de la arquitectura y del urbanismo como ámbitos del pensamiento y de la cultura, y así lo había expuesto de manera contundente unos meses antes, argumentando así el proyecto universitario ante el Congreso:
 

“Pretendemos hacer Universidad, y modesta pero resueltamente nos proponemos empezar por constituir un cuerpo armónico de edificios en donde vaya a funcionar ese instituto”, y explicaba por qué, en nuestro caso, era preciso, primero, “darle conformación material, y luego tratar de infundirle un espíritu a las piedras que van a ser la visible representación de su existencia”.^[1]

Esto es arquitectura: además de erigir edificaciones, construir símbolos que representen y fijen en el imaginario colectivo, en el horizonte referencial, la significación vivencial del proyecto de sociedad al cual estaba invitando tan decididamente.
 

En una elaboración de neto corte moderno, más que una reconvención al cuerpo político de la nación, lo que el Presidente dejaba consignado en su mensaje era la demanda histórica de la fundación en el país de un campo del conocimiento que aún no aparecía en el espectro de pensamiento y reflexión y que, para sustentar una sociedad más o menos decente, era absolutamente indispensable. Al año siguiente se llenaría ese vacío existencial social mediante el Acuerdo 38 de 1936 del Consejo Directivo de la Universidad Nacional que constituyó la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes.^[2]

Ahora bien, con esta demanda de alta arquitectura que implicaba la edificación del centro universitario, el proyecto del Campus como problema a resolver se ubicaba –probablemente sin que nadie se enterara en Colombia– en el centro de la discusión epistemológica que estaba agitando a las ciencias del espacio en Occidente desde mediados del siglo XIX y que durante todo el transcurso del siglo XX había removido los cimientos de las disciplinas edilicias tratando de encontrar el sentido y la función de estas en la construcción del nuevo mundo que la Modernidad estaba imponiendo: la “Ciudad Universitaria”, que entraba a formar parte de la pregunta por lo que luego, en la teoría canónica, se iba a denominar el “Movimiento Moderno de la Arquitectura”.
 

En consecuencia, ya por avatares conceptuales y políticos, ese destino se fue profundizando pues, luego, en el proceso de decantación, maduración y ejercicio de la Revolución en Marcha, lo que en principio aparecía como el simple requerimiento de diseño de una estructura arquitectónica, cuya función era albergar un modelo universitario, se fue transmutando en una inédita y compleja propuesta urbana.
 

Puedes ver: La historia de la primera arquitecta del país.
 

Un gran proyecto urbanístico con el cual, finalmente, se pretendía precipitar y profundizar –a partir de la transformación espacial y cultural de la aldea que era Bogotá en sus 400 años– la dinamización edilicia de una metrópoli para soportar material, económica, cultural y políticamente la instauración de Colombia en el ámbito de las sociedades modernas del siglo XX.
 

Más aún, en el orden formal y estético –arquitectónico– lo anterior implicaba que la Ciudad Universitaria –como se argumentaba en la exposición de motivos que se hizo ante el Congreso– tenía que asumir también la representación simbólica de las proyecciones sociales, culturales y políticas de esa apuesta gubernamental.\
 

Por eso es indispensable […] comprar los terrenos continuos que se necesitan; hacer un gran plan de construcciones localizando primero todos los edificios que necesite la Universidad en los primeros cien años de su existencia, digamos […] para que así, en un futuro no lejano, tengamos la ciudad universitaria, y en ella la vida intelectual, social y cultural, que reclama afanosamente la ciudadanía de Colombia […] ¡Y será la ciudad universitaria la síntesis misma, en cuerpo y espíritu, de la República! ^[3]
 

Al parecer nadie se percataba, pero para materializar esta visión –que a la luz de los desarrollos políticos y filosóficos de hoy constituiría apenas un avance metodológico en la aspiración presidencial de modernizar también la concepción y la forma de gobernar– era imperativo una formulación programática que fijara en términos estructurales su horizonte en lo que buscaba consolidar en el orbe, en ese momento, la dominación capitalista.
 

Esta perspectiva no era extraña en el Presidente pues durante su mandato siempre estuvo referenciando el ámbito mundial –el entorno al cual él, por su quehacer personal y trayectoria internacional, efectivamente pertenecía– en su lucha permanente contra el agresivo provincianismo que durante el medio siglo anterior había sometido a Colombia al oscurantismo educativo y al encerramiento político y económico.
 

Pero, de nuevo, serán las vicisitudes del azar las que se avendrían para consolidar la historia. La coincidencia en el tiempo de una serie de procesos sin conexión aparente conformaría en ese diciembre de hace 84 años la serendipia que permitió completar la base imaginativa y creativa que, al final, vendría a materializar el proyecto universitario y su trascendencia para el desarrollo urbano bogotano y para las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo colombianos.
 

En efecto, por las mismas semanas en las cuales se expidió en Colombia la Ley 68, por órdenes de la autoridades nazis en Berlín quedaba cesante el arquitecto alemán Leopoldo Rother quien, a la sazón, contaba con un cuñado que, en Hamburgo, comerciaba con café, razón por la cual conocía la convocatoria que, ante la carencia de masa crítica nacional que pudiera desarrollar el proyecto universitario, hizo el presidente a los arquitectos del mundo.
 

Desde aquel puerto del norte de Alemania sobre el río Elba, en mayo de 1936, ese arquitecto iniciaría su viaje sin regreso hacia Bogotá para, en junio, adscribirse al Ministerio de Obras Públicas de Colombia.

De esa casual manera iniciaba Rother su articulación como protagonista esencial –junto con López Pumarejo y Fritz Karsen– al proceso que con nuestra Ciudad Universitaria va a dar inicio a la materialización moderna de la arquitectura en Colombia, hado del cual, es apenas obvio deducirlo, no podía tener ni la menor idea. Pero esa es otra parte de la historia que se contará luego.
 

^[1] Tirado Mejía, Álvaro. (1986). Mensaje Presidencial de Alfonso López Pumarejo al Congreso de 1935. El Pensamiento de Alfonso López Pumarejo (p. 223). Bogotá: Biblioteca Banco Popular.

^[2] Durana Camacho, Gabriel, (Julio de 1937). Informe del Rector de la Universidad Nacional. Revista de las Indias, Vol. I.

^[3] García Prada, Carlos. (2000). Proyecto de Ley orgánica y exposición de motivos, noviembre 4 de 1935. Alfonso López Pumarejo y la Universidad Nacional de Colombia (p. 90). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

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Después de 25 años de la primera Misión de Sabios, Colombia vuelve a estar “al filo de la oportunidad”, como bien lo decía el título del informe presentado en 1994 por diez de las mentes más brillantes de la época como Rodolfo Llinás, Gabriel García Márquez y el físico Eduardo Posada.

Hoy los 47 expertos nacionales e internacionales comisionados a comienzos de 2019 por el Gobierno nacional para que trazaran la hoja de ruta para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en el país –en representación de la Vicepresidencia de la República– presentaron sus propuestas, y los retos no son pocos.

El impulso a la educación, el aumento y la gestión de la financiación, la gobernanza en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y el fortalecimiento de misiones y centros de investigación son los cuatro grupos de propuestas transversales destacados por los expertos como “indispensables” para el futuro de la CTI y el progreso del país.

El informe de más de 200 páginas páginas condensa los resultados de los diez meses de trabajo durante los cuales los miembros de la Misión analizaron a profundidad la actualidad nacional y las necesidades desde ocho ejes temáticos: Tecnologías Convergentes e Industrias 4.0; Energía Sostenible; Biotecnología, Medio Ambiente y Bioeconomía; Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad; Océanos y Recursos Hidrobiológicos; Ciencias de la Vida y la Salud; Industrias Creativas y Culturales, y Ciencias Básicas y del Espacio.

Consulte aquí el documento completo de la Misión de Sabios 2019.

Educación, un factor crítico

Teniendo en cuenta los últimos resultados de las pruebas Pisa, que evalúan los conocimientos de estudiantes de 15 años en 79 países del mundo, y en los que Colombia obtuvo puntajes más bajos que el promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias, este es uno de los campos que se debe fortalecer de manera más urgente.

Al respecto, la profesora Carmenza Duque, química de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y doctora en Ciencias Químicas del Instituto de Tecnología de Tokio, y quien formó parte del área de Ciencias Básicas y del Espacio en la Misión de Sabios, señala que “la educación es fundamental si queremos un país con menos inequidad; es la herramienta para disminuir las brechas en todo sentido. Además es fundamental para hacer ciencia, que es base del desarrollo: todo es una cadena que comienza en sus cimientos”.

Avanzar en la universalización del acceso y en la calidad de la educación, la nutrición, la salud, el afecto y otros componentes de la atención integral de los niños entre 0 y 5 años, y además diversificar y universalizar la educación secundaria, son dos pasos que debe dar el país para fortalecer este campo, fundamental para el desarrollo humano y la transformación de las sociedades.

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Para conseguirlo se debe capacitar a más maestros y crear programas de educación continua para docentes que ya forman parte del sistema educativo. En este aspecto la propuesta de la Misión es crear el Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros, junto con un plan de becas y estímulos para el estudio de ciencias básicas para acercar la investigación y la docencia.

Se propone también que las universidades fortalezcan su rol de “guardianes de la investigación básica, las humanidades, la democracia y la libertad”, y se conecten con otros centros e institutos para esta tarea.

Para el profesor Germán Poveda, ingeniero civil y doctor en Ingeniería de la UNAL y quien formó parte de la Misión en el área de Biotecnología, Medio Ambiente y Bioeconomía, “en la Misión existe preocupación no solo por la educación a nivel de maestría y doctorado, sino también por el nivel de la primera infancia, pues se cubre todo”, señala.

Se debe invertir más

En un país en el que actualmente se invierte solo el 0,25 % del PIB en ciencia, tecnología e innovación –una cifra crónicamente baja–, los comisionados proponen la ambiciosa meta de llevar la financiación hasta el 1,8 % en un plan de dos fases en las que participen casi equitativamente el sector público y el privado.

En la fase 1, “capital público paciente”, habrá un esfuerzo importante del sector público, al que se espera que el privado responda progresivamente para reducir los riesgos iniciales de investigación y desarrollo, y así consolidar una relación creíble entre el Gobierno y las empresas.

Con esta fase, que iniciaría hacia 2028, se espera llegar a un 1,2 % de inversión del PIB en educación (0,8 % público y 0,4 % privado), y en la fase 2 “despegue de investigación y desarrollo privado”, llegar hasta el 1,8 % (0,85 % pública y 0,95 privada).

Otra de las propuestas es aumentar del 10 al 25 % las regalías que se destinan a actividades de CTI, recursos que se destinarán a la educación con atención integral a menores de 5 años de todo el país, a la financiación de centros e institutos regionales y a programas de los retos y las misiones que se sugiere seguir en investigación.

Innovación y competitividad independientes

Para los miembros de la Misión de Sabios 2019, el SNCTI debe ser de participación abierta y diferente e independiente del Sistema Nacional de Competitividad, pues actualmente ambos están articulados por el artículo 172 de la Ley 1955 de 2019.

Para la gobernanza del SNCTI se presentan como elementos imprescindibles el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación –cuyo decreto de creación también fue firmado–, junto con un Consejo Nacional de Políticas de CTI y un Consejo Científico, los dos compuestos por expertos que hagan recomendaciones a la cartera sobre políticas y desarrollos en esta materia en el país. Otro elemento son los mecanismos de relacionamiento y coordinación del Ministerio con autoridades nacionales y regionales, con la industria y la sociedad civil, como los Sistemas de Innovación Regional.

Además: La educación media en Colombia está en crisis.

Las recomendaciones de la Misión también abordan la estructura del Ministerio, que para ellos debería disponer de un Viceministerio de Creación de Conocimiento y Desarrollo de Tecnología, otro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, y una nueva Agencia Ejecutora con amplias capacidades de estructuración financiera.

Sin embargo hasta octubre los planes del Gobierno contemplaban un organigrama conformado por un Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento y otro de Conocimiento, Innovación y Productividad, como lo presentó la subdirectora General de Colciencias, Sonia Monroy, ante los rectores de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).

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Misiones y centros de investigación

Con estos instrumentos se quiere evitar la actual dispersión en el uso de fondos y orientar los esfuerzos de investigación en grandes misiones emblemáticas que movilicen tanto al Gobierno como a las empresas y a la academia, como lo hizo EE. UU. para llevar el hombre a la Luna, lo que impulsaría la ciencia y la tecnología de la nación.

La Misión definió tres grandes retos para el país y misiones para enfrentarlos:

• Colombia biodiversa.
• Colombia productiva y sostenible.
• Colombia equitativa.

Colombia biodiversa

Con esta misión se busca “identificar, conocer, documentar y aprovechar la diversidad cultural y natural del país para impulsar la bioeconomía y la economía creativa”.

Al respecto, el profesor Poveda explicó que “las Misiones Emblemáticas convocan a científicos para pensar en temas de importancia nacional como el agua y el cambio climático, y sobre esto debemos hacer mucha investigación en el país... El futuro de Colombia será el de la bioeconomía, aquella basada en el uso y aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad para crear industrias y nuevos desarrollos tecnológicos y negocios”.

Colombia productiva y sostenible

Esta misión propone “modificar la estructura productiva del país hacia industrias y servicios con contenido tecnológico alto y empresas de economía circular con máximo aprovechamiento de residuos y con sostenibilidad ambiental”.

Colombia equitativa

Su objetivo es que “amplias capas de la población mejoren sus niveles de educación y de salud, y afiancen su identidad cultural, de forma que se integren al crecimiento económico y al desarrollo humano sostenible y con equidad”.

Centros de investigación

En cuanto a los centros de investigación, se considera que estos deben ser independientes de las universidades y de la industria; deben regirse por derecho privado, tener altas habilidades de facilitación de acuerdos entre las partes y capacidad de comercialización. Además son vistos como una salida al dilema entre producción de conocimiento básico y aplicado y facilitadores de la relación entre la industria y la academia.

Puede escuchar: Propuesta del Gobierno en educación sigue siendo insuficiente.

Universidades, actores fundamentales del proceso

El trabajo de las secretarías técnicas y relatoras de la Misión de Sabios estuvo apoyado por diez universidades del país, entre las cuales la UNAL se encargó del área de Ciencias Básicas y del Espacio, desde su Facultad de Ciencias.

La profesora Duque cuenta que uno de los hallazgos de la Misión en esta área fue que “la formación en ciencias, que es esencial, no está incluida en los currículos como debe ser, y consideramos que en los primeros años se debe despertar la inquietud y el interés por ella. Así mismo en la secundaria se debe profundizar en las asignaturas relacionadas hasta llegar al grado décimo, para lograr una doble titulación, un enfoque adicional”.

La Universidad apoyó la logística del proceso de recolección de documentos y encuentros con la academia, la empresa, los investigadores y la sociedad para identificar las realidades y necesidades en el campo de la Educación, lo que originó propuestas como promover la educación en disciplinas como las matemáticas, la física, la química y la biología, según comenta el profesor Jairo Alexis Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias de la UNAL.

Apoyar los centros de investigación, contar con una agencia espacial colombiana, promover la difusión de los trabajos científicos que se hacen en el país, crear planetarios y museos en las regiones que no los tienen, e incluso desarrollar cátedras de ciencia y estadística para las facultades de periodismo y comunicación social, formaron parte de las propuestas del área de Ciencias Básicas y del Espacio.

Los profesores Rodríguez y Hernando Gaitán –director de la Dirección de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá (DIEB)– están de acuerdo en que gran parte de las inquietudes consignadas en el informe de la Misión se corresponden con las exigencias de las movilizaciones sociales de las últimas semanas, que se proponen integrar al diálogo nacional.

El reto ahora es implementar las propuestas de los sabios y hacer de ellas una política de Estado para que se desarrollen a largo plazo. Después de terminar el periodo de formulación de las propuestas, a las universidades les queda la tarea de hacer el seguimiento para que estas no se queden engavetadas como las de 1994.

Publicado originalmente en UN Periódico Digital

La expedición del Decreto 1651 del 11 de septiembre de 2019, que adiciona el “Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, para establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación”, fue un golpe para la Misión de Sabios que reúne a ocho expertos en diferentes áreas para crear una hoja de ruta para el país.

Desde la conformación de la Misión no hubo una explicación clara sobre el enfoque. El año pasado se hizo una primera reunión en la que los miembros estuvieron trabajando sobre lo preliminar. Este año, antes de la reunión en Cartagena se dio a conocer el decreto que expidió el Gobierno sobre la conformación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

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La crítica principal que hacen los expertos es que con este decreto se crean demasiadas instancias, procesos y comités que, en últimas, dejan el componente de ciencia y tecnología subrogado al componente de competitividad e innovación. Además, este decreto burocratiza la investigación en Colombia.

El desdén de los dirigentes

A raíz de la publicación del Decreto, los ocho coordinadores de la Misión de Sabios dieron a conocer un comunicado en el cual llaman la atención y sientan posición frente al Gobierno porque no los tuvieron en cuenta para su expedición.

Es una crítica que se ha hecho desde tiempo atrás en el país por parte del personal que trabaja en ciencia y tecnología y que analiza su sector. Apunta a que los gobiernos, en el afán de desarrollar competitividad –que desde la apertura económica del expresidente de Colombia, César Gaviria en 1991 es el horizonte del país– todo lo supeditan a que se aporte a la competitividad y a la innovación, sin resaltar el papel que en un proceso exitoso de inserción internacional y de aumento de competitividad tiene la investigación científica básica.

Además: Estudiantes de doctorado, ¿becados o endeudados?.

Incluso la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, llegó a plantear que “el conocimiento por el conocimiento no tiene ninguna razón de ser siempre que no sea un conocimiento útil” y en esto está demeritando a los miembros de la Misión. Al plantear que el conocimiento es lo que hay que impulsar, se refiere a la ciencia aplicada que se ha mostrado a través de la historia que es el resultado de la investigación; aún cuando no se conozcan los fines concretos que pueda tener la misma, si tendrá aplicación o posibilidades de explotarla económicamente. Si no hay este tipo de investigación básica no va a haber posibilidades de innovación.

El problema es el imaginario de la dirigencia del país, que mira con desdén y demerita la investigación básica, lo que de cierta forma constituyó un insulto para los miembros de la Misión. Por alguna razón, y frente al reclamo de los sabios, en el discurso de clausura del encuentro en Cartagena la ministra trató de enmendar su error diciendo que no se trata de que un sistema esté por encima del otro, sino de que se deben coordinar. “Que la innovación y la competitividad se complementan”, dijo, acercándose mucho a Perogrullo.

Incluso algunos dirigentes políticos y económicos lo han manifestado expresamente en el pasado: la investigación básica se la debemos dejar a los países desarrollados porque son los que tienen la plata y el conocimiento; para el resto, solo nos queda aplicar su tecnología.

Las misiones de sabios en Colombia

Los académicos e investigadores convocados a la Misión de Sabios pertenecen a diferentes campos del conocimiento como ciencias básicas, del espacio, tecnologías convergentes, industrias creativas –un espectro amplio– y finalmente lo que hicieron los convocados fue repartirse el trabajo en ocho grandes áreas o comisiones que tienen que ver con estos temas.

Aunque ellos han sido autónomos en el enfoque, en sus declaraciones algunos de ellos han manifestado que la generación de conocimiento es lo que debe guiar la inserción de Colombia en el contexto internacional, en la “sociedad del conocimiento”.

Además: Crisis en las universidades privadas no es solo por las matrículas.

Esta es la cuarta comisión de sabios desde 1991, ante la apertura de los noventa. La primera fue la de Gabriel Misas, llamada “Misión de Ciencia y Tecnología” que concluyó con que se tenía que ampliar la educación, de calidad, abrir doctorados, profundizar la educación, garantizarla.

En la misión de 1994 estaban el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y el científico Rodolfo Llinás, entre otros, cuyo informe “Colombia al filo de la oportunidad”, se enfocó en la educación.

Otro espacio, que no puede ser considerado como una misión, fue liderado por Pedro Amaya, de profesión administrador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) que en 2001 produjo un documento de prospectiva titulado “Colombia un país por construir”. Se trataba de un ejercicio con expertos de amplias ramas del conocimiento, de la producción, de la industria, que trataba de identificar hacia dónde debería ir el país y las necesidades para poder llegar a esa meta.

Ahora, en la constituida en 2018, la Misión Internacional de Sabios tiene parecidos propósitos.

Los resultados que han presentado todas estas comisiones, si bien han producido efectos como la apertura y ampliación del número de doctorados desarrollados en el país, avance en el número de patentes, en publicaciones en revistas indexadas, ha sido demasiado pobre frente a las necesidades del país. Ciertamente todo esto no ha sido alcanzado porque se haya estructurado un programa o una política desde los distintos gobiernos desde 1991 de forma que realmente se pase del discurso a la acción, al diseño de políticas y también a la asignación de recursos. Colombia sigue con parecidos niveles de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación y de investigación y desarrollo de hace 30 años.

Podríamos decir que la clase dirigente colombiana ejercita bien el ejercicio de la simulación: estamos muy interesados en la ciencia y la tecnología: nombremos una comisión; simulemos que nos interesan los indígenas, entonces simulemos que hacemos acuerdos y pactos con ellos para luego no cumplirlos. Lo mismo con la educación: hagamos acuerdos con los profesores, con Fecode, con los estudiantes para no llevarlos a cabo. Estamos en una sociedad de simulación absoluta.

¿Queda muy difícil investigar en Colombia? En la comunidad científica se hace lo que se puede; no podemos negar que ha habido avances en algunas áreas del conocimiento, pero con escasos recursos, poca infraestructura, y carencia de laboratorios de última generación es muy difícil que Colombia pueda llegar a ser una potencia siquiera mediana en el contexto internacional de ciencia y tecnología. Y si se le suma un decreto como el 1651 que plantea una ruta que aumenta los procedimientos para adelantar la investigación que se requiere en el país, que termina burocratizándola y con escasos recursos económicos, queda más difícil aún hacerlo.

Publicado originalmente en UN Periódico Digital

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En Colombia la política pública de financiación a los estudios de alto nivel no está basada en el otorgamiento de becas doctorales, sino de créditos condonables. Esa es una de las razones por las cuales el país no ha aumentado –al mismo ritmo de otros en la región– el número de doctores, que, al menos en teoría, son los encargados de impulsar nuevos conocimientos para enfrentar los problemas de la sociedad.

Según el informe del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) de 2015, en Colombia se gradúa un promedio de 6,6 doctores por millón de habitantes, una cifra muy alejada incluso del promedio latinoamericano, que es de 40 doctores por cada millón. Esto solo para no mencionar las cifras de los países económicamente avanzados, como Estados Unidos, donde se gradúan 67.449 doctores por cada millón de habitantes, o Alemania con 28.147 y Japón  con 16.000.

Frente a ese panorama, desde finales de 2018 el Grupo de Análisis de Doctorandos de Colciencias de la Universidad Nacional de Colombia (ColDoc-Unal) comenzó a identificar diversos problemas e inquietudes que la adquisición de los créditos les estaba acarreando a los estudiantes de doctorado.

Tales dificultades se relacionan particularmente con los tiempos dispuestos por Colciencias para realizar las investigaciones doctorales y con las condiciones de condonación del crédito.

Al estudiar las inquietudes recogidas por los estudiantes, ColDoc-Unal comparó los términos de las distintas convocatorias desde 2009 hasta 2017. Además efectuó una encuesta sobre la percepción de los doctorandos en relación con este tipo de financiación y sus experiencias con las condiciones actuales de los créditos de Colciencias.

Los resultados obtenidos motivaron una propuesta para ofrecer condiciones más favorables y equitativas a los doctorandos en relación con los requisitos de condonación, con lo que se busca facilitar la culminación exitosa de los programas doctorales, algo fundamental pues el nivel de deserción de estudiantes de doctorado en Colombia es de los más altos de América Latina, muchas veces por razones económicas. 

Presentada a Colciencias en abril del presente año, la propuesta contó con una recepción favorable por parte de la profesora Sonia Esperanza Monroy Varela, subdirectora de Colciencias. La funcionaria y su grupo de trabajo consideraron objetivo el diagnóstico hecho por el Grupo de Análisis ColDoc-Unal y viables las propuestas que se sugirieron.

El pasado 6 de mayo, en una reunión entre las representantes de Colciencias y el ColDoc-Unal, se anunció que esa entidad alista un reglamento único de condonación de créditos educativos para doctorados nacionales y en el exterior hasta 2018. Dicho reglamento acoge varias de las propuestas planteadas por los estudiantes con miras a facilitar la condonación y unificar criterios entre las diversas convocatorias.

Un reglamento único más favorable

Las propuestas del ColDoc-Unal partían de la necesidad de estimar el trabajo que realizan los estudiantes de doctorado como un aporte a la ciencia en sí mismo.

En efecto, la elaboración de una tesis doctoral tiene un valor que no es suficientemente considerado bajo la lógica crediticia individual. Así es como en la mayoría de las convocatorias los requisitos para condonar exigen un trabajo adicional a la realización de la investigación doctoral. En algunos casos dichos trabajos son difíciles de cumplir, como por ejemplo crear una empresa, vincularse laboralmente a una institución o entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTel), o construir departamentos de investigación, entre otros.

Además el cambio de criterios entre las convocatorias generaba desigualdades en las posibilidades de condonación de las deudas entre los estudiantes. Por ejemplo, mientras que algunos estudiantes tenían dos años adicionales al tiempo regular de estudios para entregar las tesis de grado, otros contaban solo con un año adicional, sin que hubiera una razón clara que justificara a qué se debía en cada caso el recorte del tiempo estipulado.

Otras dificultades encontradas en el estudio señalan que en la mayoría de las convocatorias solo era posible cumplir los requisitos de condonación adicionales después de obtener el título. Así, independientemente del valor del aporte científico del trabajo solicitado, si este se hacía antes de terminar el doctorado no valía para la condonación.

Teniendo en cuenta los puntos mencionados y otras observaciones del equipo de Colciencias sobre las dificultades administrativas que implican algunas normas vigentes, el reglamento de condonación único que está en proceso de aprobación aplicará el “principio de favorabilidad” y acogerá varias de las propuestas de los estudiantes y otras de iniciativa de Colciencias.

Cuatro de los puntos que contemplaría el nuevo reglamento producto del acuerdo entre estudiantes y Colciencias son:

• Primero, el periodo de condonación se establece según el tiempo de financiación. Para doctorados nacionales, 42 meses si la financiación fue menor a 5 semestres, y 60 meses si fue mayor. Para doctorados en el exterior se les permitirá realizar actividades de condonación por un periodo de 36 meses, independientemente del tiempo de financiación.
• Segundo, se unifica el porcentaje condonado con la obtención del título en 80 % para los doctorados nacionales y en 50 % para aquellos en el exterior. Para alcanzar la condonación del porcentaje restante es necesario acreditar otros productos de ciencia y tecnología ante Colciencias, así: un producto para aquellos que fueron financiados por un periodo menor a 5 semestres, y dos para aquellos financiados por un periodo mayor.
• Tercero, las actividades de condonación se pueden realizar a partir del tercer año de doctorado y, por lo tanto, no se requiere haber obtenido el grado para iniciarlas.
• Cuarto, los productos que se deben entregar para lograr la condonación se pueden escoger dentro de varias modalidades y todos los estudiantes tendrán las mismas posibilidades de elección. De esa manera los doctorandos no quedan atados a la disposición de cada convocatoria y se articulan mejor con los criterios de evaluación de los grupos de investigación de Colciencias.

¿Qué queda pendiente?

La disposición de Colciencias para entablar un diálogo y elaborar una reforma es fundamental para que las dificultades experimentadas por los estudiantes con crédito condonable se vean efectivamente aminoradas y para que el nuevo reglamento redunde en el mejoramiento de las condiciones de las personas que actualmente están asumiendo el reto de producir ciencia, tecnología y conocimiento en el país.

Sin duda el “reglamento único de condonación” que está por aprobarse reduce la incertidumbre para los 3.035 estudiantes que, según información de Colciencias, cuentan hoy con crédito condonable para realizar los estudios doctorales en todo el país.

Sin embargo existen al menos cinco puntos pendientes que se deben tener en cuenta en las futuras reformas; estos son:

1. El trámite de condonación debe garantizar el debido proceso administrativo, incluyendo la segunda instancia. Las decisiones de Colciencias en relación con la condonación –o no– del crédito y del porcentaje de condonación deben garantizar una forma de apelación en la vía gubernativa, pues en la actualidad al estudiante inconforme con tales decisiones solo le queda acudir al contencioso para demandar a Colciencias, en vez de contar con canales dentro de la misma institución para resolver el conflicto. Esta situación se agrava cuando se piensa que el doctorando solo puede solicitar la condonación por una única vez.
2. Es importante que las convocatorias para doctorados tengan un enfoque de género sensible a circunstancias particulares de las mujeres como la maternidad o la jefatura de la familia. De este modo se incentiva su participación en programas de formación de alto nivel.
3. Como el objetivo del programa es que más personas hagan estudios doctorales y contribuyan a crear conocimiento y a fortalecer la ciencia en el país, es necesario considerar la eliminación de los intereses del crédito educativo.
4. El rubro de sostenimiento debería fijarse en salarios mínimos y no en pesos constantes, como sucedía en las primeras convocatorias. Así, se mantiene el valor de lo que los estudiantes reciben al margen de los cambios de la economía. Igualmente, el rubro de pasantías y créditos en el exterior debería fijarse en la moneda corriente del país receptor para que los estudiantes no estén tan expuestos a los efectos de la devaluación del peso colombiano.
5. Es indispensable diseñar estrategias que garanticen la inclusión laboral de los nuevos doctores en ambientes científicos adecuados. En la actualidad no existe una política de empleo suficiente ni adecuada para los nuevos doctores, y la convocatoria posdoctoral es insuficiente y demorada.

Por una política pública de becas para los posgrados

Aparte de las modificaciones que se puedan hacer a la financiación mediante créditos condonables, es necesario formular un debate amplio sobre la manera como está planteada la financiación estatal a los estudios doctorales.

Colombia tiene uno de los índices más bajos de formación doctoral por número de habitantes en la región, y a la vez es uno de los pocos países que no cuenta con una política integral de becas para la financiación de los estudios de alto nivel. Eso tiene un impacto en la sociedad, pues como lo indica Colciencias: “la cantidad de doctores graduados en un país es un reflejo de sus capacidades instaladas para llevar a cabo labores de investigación y desarrollo y para formar talento humano para realizarlas”.

Por lo tanto, es necesario que las instituciones de educación superior, en particular las universidades públicas, se involucren y lideren un debate amplio sobre la manera como se plantea hoy la financiación de los estudios doctorales.

Hace falta tomarse en serio las recomendaciones que hace más de una década hizo la Misión de Sabios a propósito de la importancia de avanzar hacia una política integral de becas completas para los estudiantes doctorales del país. En este caso, la política pública no es un asunto de “deudores individuales” sino que interesa al conjunto de la sociedad.

El debate debe apuntar a la búsqueda de soluciones para sortear las dificultades de la lógica de los créditos al derecho a la educación superior, según la cual los estudiantes son vistos como usuarios, “trabajadores independientes” o “consumidores financieros”. Esto precariza su situación en términos de la seguridad social, pues su relación con el Estado es la de un “deudor” y no la de un científico cuyo trabajo aportará al país.

La lógica de “deudores”, además, desnaturaliza la educación como un derecho social que debe ser garantizado progresivamente por el Estado. Una perspectiva más amplia para la formación de alto nivel debe apuntar a la ciencia, la investigación y el conocimiento como motores de cambio en un país profundamente desigual.

El trabajo del Grupo de Análisis ColDoc-Unal espera ser un aporte para alimentar el debate a propósito de la importancia de la educación de posgrados y de la necesidad de su financiación pública, discusión que en nuestra sociedad aún sigue pendiente.

* Grupo integrado por Laura Tatiana Roncancio Henao (doctora (c) en Psicología), Luis Édgar Parra Salas (doctor (c) en Salud Pública), Zully Johana Rodríguez Parra (doctora (c) en Biotecnología), Jorge Alexander Burgos Arévalo (doctor (c) en Filosofía), Andrés Gallego Garcés (doctor (c) en Ingeniería Eléctrica), Camilo Corredor Collazos (doctor (c) en Filosofía), Tania Milena Cortázar Hernández (doctora en Bioquímica) y Michael Cruz Rodríguez (doctor en Derecho) de la Universidad Nacional de Colombia (doctorandosunal@gmail.com).

Publicado originalmente en UN Periódico Digital